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Ciudades de Octubre

Ciudades de Octubre

Ciudades de Octubre, Santiago, Chile

La ciudad que vemos es el resultado de una serie de leyes, normativas y decretos que, superpuestos en el tiempo y el espacio, conforman las posibilidades e imposibilidades de uso y abuso del suelo. Visto así, el que Santiago sea una ciudad desigual no es un fenómeno natural, sino uno diseñado a través de leyes y decretos. A través de algunos ejemplos, aquí se muestran los efectos urbanos de ese diseño legal.

La impresión de estabilidad, unidad y coherencia con la que se hablaba de Santiago – pensemos en el ‘oasis’ o el ‘milagro país’ – ocultaba pliegues que finalmente fueron vislumbrados por sus habitantes. Ni Chile ni sus ciudades pueden comprenderse a simple vista o desde un relato único confiando ciegamente en las certezas de dirigentes estatales o en la imagen que se proyecta al exterior. El lugar perfecto al sur del mundo, esta extraña utopía fabricada a la fuerza, ya no puede sino mostrar sus imperfecciones como cualquier país vecino de los que tanto ha renegado. Y tanto su capital como el resto de sus ciudades han descubierto sus capas. Como un producto de las leyes, decretos y normativas que se aplicaron a gran escala, Santiago nos revela una multiplicidad de ciudades en su interior.

Un sentimiento de urgencia dio origen a Ciudades de Octubre. Las movilizaciones y la irreparable crisis político-institucional demandaban algún tipo de reacción. Compartíamos preocupaciones, investigaciones y cursos donde la historia de la ciudad estaba al centro. Así nos percatamos de que esas historias no habían traspasado aún la barrera de la investigación. Partimos por los muros de Instagram, con sus propias posibilidades, lógicas, escalas, diagramaciones y alcances de difusión. Un medio que, mientras obliga a reflexionar sobre la arquitectura y su representación, cuestiona la brecha existente con el exterior de la universidad, ya que muchos de estos problemas han alimentado la investigación en la academia, pero no han aparecido con la misma agilidad fuera de ella.

Figura 1.

La ciudad de las ruinas
Las tácticas que usó la dictadura para reordenar Santiago legaron formas de abordar y aceptar la violencia ilegítima (que podemos ver en gran parte de los medios y de las instituciones en este último tiempo). La ciudad fue hecha trizas. Con mayor o menor obviedad, los fragmentos de esa ciudad aún pueden encontrarse en el presente, si bien están cubiertos por un silencio que los hace difíciles de reconocer. Una omisión humana y material. Claro, porque en la dictadura, para desmontar-mover-erradicar, primero había que callar las leyes, hacerlas ‘desaparecer’.

El fragmento es un componente del tejido urbano que nos heredaron y del que no hemos podido escapar. La búsqueda de cada fragmento, con sus propias historias, esclarece los cambios implementados para desestructurar el tejido social. En algunos casos (sobre todo los iniciales), la ausencia de ley debió acompañarse de decretos – con fuerza de ley – para cumplir las estrategias de orden y limpieza de las comunas de Santiago, siguiendo las ideas geopolíticas de la dictadura. Los ensayos previos para erradicar, las llamadas Operaciones Confraternidad, fueron las encargadas de demoler y trasladar.

La población Nueva Matucana fue un caso ampliamente cubierto por la prensa de oposición a fines de los setenta. Aquí, los títulos de dominio de las viviendas fueron ignorados mediante una variedad de técnicas y omisiones legales: haciendo compromisos de compraventa, organizando firmas masivas, desapareciendo documentación de la municipalidad para entorpecer los trámites o, incluso, tasando las propiedades a un precio más bajo. Estrategias puestas en favor de algo que ya nos es más familiar: el beneficio de privados en perjuicio del bien público. Detrás de esta erradicación hubo presión de una empresa privada. De la Nueva Matucana sólo quedan fotos y notas de prensa. Luego de la erradicación, las soluciones fueron violentamente desconectadas de la realidad: una casa para más de un grupo familiar a cambio de la vivienda perdida, utilización de baños y ‘salas de estar como dormitorios’, una idea de diseño de interiores desde la austeridad («Sea el diseñador de su propia casa»). Para poder omitir, otros programas de acceso a la vivienda debieron instalarse y las ruinas de lo que hubo antes se ocultaron, eliminaron o silenciaron.

Estas operaciones buscaban atomizar y dividir cualquier foco de resistencia a las lógicas neoliberales de Pinochet y de su junta militar. La ciudad de las ruinas está profundamente relacionada a estrategias mordaza, silencios que se transformaron en restos materiales. Quizás el Octubre de 2019 haya vuelto necesaria su recuperación. Las marcas de la planificación neoliberal, de la demolición de ciertos sectores de Santiago, empezó a reventar sus puntos de presión. No es difícil encontrar paralelos al caso de la Nueva Matucana, incluso después del retorno a la democracia. Entre ellos, la Villa San Luis ha sufrido esta aplicación ‘legal’ por décadas y La Pintana enfrenta hasta hoy una segregación fundada en esos mecanismos.

Figura 2.

La ciudad sin límites
En la puerta de los ochenta se promulgó el Decreto de Ley 420, el documento que liberó el límite urbano de Santiago. Ahora la ciudad podría ser infinita. ‘Si el suelo no es un bien escaso, ¿por qué limitarlo?’, pensaron sus ideólogos. En este nuevo territorio expandido, las reglas del juego de tablero se liberalizaron y se liberaron las responsabilidades del Estado. El resultado era esperable y h oy aún visible: grandes extensiones de vivienda (casas unifamiliares o torres de departamentos) en los extramuros de la ciudad, sin el transporte, espacios públicos, áreas verdes e infraestructura social mínimos. Extensiones interminables de vivienda precarizada en donde los pobladores y habitantes autogestionaron sus propios modos y soluciones. Pequeños negocios, canchas de tierra, agua recolectada de vertientes cercanas, baños de pozo, largas caminatas al primer punto de transporte con las señales de una ciudad construida en base a una suma de lotes privados, atomizados, desprovistos de un proyecto colectivo.

Figura 3.

Previo al Golpe, la ciudad no había crecido en base a una imagen unívoca, sino a través de una superposición de diferentes planes y políticas, cuyo desarrollo incluyó desde temprano la ocupación de tierras junto a políticas reactivas a la crisis de vivienda. En gobiernos anteriores, nuestra propia historia cuenta con iniciativas que entendieron la ciudad como un problema territorial y colectivo. Fueron casos ejemplares, la CORVI (Corporación de la Vivienda), la CORMU (Corporación de Mejoramiento Urbano) y la SCEE (Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales). Sin embargo, hacia finales de los setenta, a través de distintos decretos, operaciones y programas, se avanzaron e instalaron conceptos y marcos legales para preparar el principal vehículo legal de la nueva visión sobre la ciudad: la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) de 1979. Los Decreto de Ley 519 (de 1974) y 1.088 (de 1975) establecieron los modus operandi para trasladar a la población. El primer decreto afirmaba que no correspondía que los pobladores recurrieran a la «caridad pública, sino, por el contrario, a los créditos en materiales y la asistencia técnica indispensable que les permita salir, mediante su propio esfuerzo y trabajo de estas condiciones de vida subhumana».

Figura 4.

Para legitimar a la ciudad sin límites se avaló el retiro de la intervención estatal y se flexibilizaron las normas de zonificación y construcción. A esta ciudad sin ley – pero que requirió de varios marcos legales para producirse – se le sumó la consolidación de la propiedad privada. La regularización de títulos de dominio también requirió actos y procesos legales, como por ejemplo el Decreto de Ley 2.833, que simplificaba y aceleraba el proceso de transferencia de títulos desde organismos estatales a personas naturales: una apoteosis de la lógica de la propiedad privada. El lote individual (a veces con vivienda) heredado de la Operación Sitio de mediados de los sesenta se transformó en la unidad mínima de construcción de la ciudad. En 1979 se promovió una nueva política habitacional que denotaría la transformación fundamental de la vivienda: que ya no es un derecho, sino una mercancía, que ya no es un proyecto de habitar colectivo, sino una solución de habitación individual.

Figura 5.

Esas historias del pasado y el descontento actual en Santiago están muy relacionados. La ciudad es parte del problema: su segregación territorial ha invisibilizado a nuestra propia población escondiendo en pliegues nuestras historias, detrás de muros, y en la distancia. La desarticulación de la educación pública, el estado de la salud pública, la concesión y privatización de todos los aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos se ha dado desde los escenarios más cuidadosamente articulados del poder. Aquella paradoja necesita ser descifrada para explicar el punto de inflexión de un modelo en ruinas que se está haciendo evidente no sólo en Chile, sino en todo el mundo. Esta no es sólo la crisis de un modelo económico, sino también de las ciudades que engendró.

Figura 6.

La ciudad de los muros
Los traslados de campamentos y poblaciones siguieron un esquema de ciudad amurallada y la pobreza fue expulsada a los extramuros. Esta fue la materialización del cambio de administración del territorio, la primera tarea a la que se abocó la dictadura. Su hipótesis era doble: por un lado, se entendía al estado benefactor como una burocracia excesiva, ineficiente y politizada, opuesto a los ideales pragmáticos y jerárquicos de las pirámides militares. Por otro lado, la retórica del ‘enemigo interno’ requería no sólo modificar las políticas de Estado, sino evaluar y reformular el ejercicio del poder para asegurar una erradicación total de las amenazas de la ‘guerra interna’. Así, el despeje de zonas centrales de la ciudad cumplía dos funciones: ocultar la pobreza y desarticular campamentos y poblaciones combativas llevándolas a la periferia.

Figura 7.

Aquel enfoque militar, deudor directo de las teorías geopolíticas de guerra, estableció el territorio como un nuevo ámbito de intervención. Lejos de ser un cambio instrumental, la reforma administrativa era vista como una forma ‘técnica’ de solucionar problemas sociales no resueltos por las previas y fallidas vías ‘ideológicas’. Apenas en diciembre de 1973 se creó la Comisión Nacional de Reforma Administrativa (CONARA). Tardarían dos años más, con la publicación del documento «Chile: hacia un nuevo destino» – título que ya daba cuenta de sus aspiraciones grandilocuentes -, en presentar formalmente las intenciones que acompañaban estos cambios. Comenzando por una escala regional, provincial y municipal, la reforma administrativa del área metropolitana de Santiago sería el cierre de un proceso extenso que determinó nuevas líneas, autoridades y competencias. Junto a ellas, se impuso un discurso de modernidad y eficiencia que deslegitimaba los ordenamientos previos, pero que a la vez refinaba las relaciones de control y gobierno del territorio. La reforma administrativa erigiría los nuevos muros de una ciudad y de un país cuyos muros ya habían sido bombardeados por los aviones Hawker Hunter.

El 8 de marzo de 1981, seis años después de aquel vaticinio del Chile futuro, el Decreto con Fuerza de Ley 1-3260 configuraría – en el papel – las 32 nuevas comunas de Santiago. La subdivisión comunal consolidaría el nuevo ordenamiento que las erradicaciones habían sugerido un par de años antes (mientras se seguían efectuando masivamente). La búsqueda de homogeneización social fue abiertamente reconocida por la CONARA como criterio de subdivisión. Las líneas siguieron una vocación consciente de concentración y limpieza en ciertas comunas, acrecentando las condiciones desiguales de los fragmentos y consolidando un esquema de comunas ‘ricas’ y ‘pobres’. Como límites eminentemente políticos, las líneas comunales se volvieron determinantes activos para organizar la población en el territorio. Ya sea que encerraran poblaciones combativas (Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo); que crearan comunas conformadas mayoritariamente por grupos sociales definidos (La Pintana) o por tejidos urbanos similares (Cerro Navia); o que sirviesen para despojar a otras comunas de poblaciones y campamentos (Macul y Peñalolén con Ñuñoa), las particiones geopolíticas de la ciudad militarizada suponían un estado de permanente cuarentena urbana.

El Octubre chileno vio a Santiago transformarse en una nueva ciudad de los muros. Ya fuese mediante los mensajes reivindicatorios, los rayados a los edificios públicos y las planchas de latón soldadas para proteger las vitrinas de los saqueos, aquellas intervenciones cargaron de discurso los muros físicos – en principio vacíos – de la ciudad. Aquellos muros, sin embargo, han sido usados durante décadas en la periferia de Santiago para cargar de mensajes la ciudad. Tal como el muro de Berlín, el muro que separaba Lo Hermida de la aledaña Viña Cousiño se había convertido mucho antes de Octubre en un lienzo de 2 kilómetros que denunciaba las injusticias de la desigualdad urbana y el acceso a la vivienda. Pero aquel mismo objeto también retrataba la organización de los pobladores, sus imaginarios comunes y sus anhelos colectivos. El aparato construido para separarlos de aquello por lo que luchaban – al otro lado había decenas de hectáreas de suelo urbano disponibles – era simultáneamente el registro de sus ideales.

Figura 8.

Cierre
La mañana del 11 de noviembre de 2019 una toma de pobladores derrumbó el muro de Lo Hermida. Este fue el punto de partida de Ciudades de Octubre. Luego del toque de queda, los muros virtuales cumplieron un rol paralelo al de la calle y sus muros físicos. La presión que se contuvo y se liberó puso una nueva luz sobre las ruinas que originaron la ciudad y que ahora se denunciaba en las paredes. Pero no sólo eso: la pérdida material de la ciudad anterior respondía a visiones conjuntas. Sus contradicciones y sus lógicas sucesivas están constantemente sobrescribiéndose. Un muro cerca la ciudad sin límites, separa a sus habitantes del centro; el mismo muro se destruye, reflejando la violencia que el silencio ya había dejado en las ruinas pasadas.

La ruptura del muro de Lo Hermida responde a la fractura de todos los muros de la ciudad, tal como sería la amenaza de demolición de los últimos bloques de Villa San Luis. Son materializaciones del ordenamiento impuesto hace años, de leyes, decretos y contiendas legales. Esa abstracción de las leyes – el papel – contrapuesta a su efecto en el tejido urbano, nos ha dejado, sobre todo, problemas de representación. ¿Cómo las herramientas de la arquitectura permiten comunicar los efectos del papel en la ciudad? Aún hay algo en la brecha entre las reconstrucciones académicas y la noción de contexto que se le debe a los habitantes de la ciudad. Es irónico utilizar este medio para indicar esto, pero tal como los mensajes de protesta hicieron aparecer estos muros antes invisibles, esperamos que narrar y hablar de sus ruinas y su límites en las plataformas en que nos sea posible promueva algún entendimiento entre aquellos que se ven constantemente atrapados por los muros.

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Ciudades de Octubre

<Instagram: @ciudadesdeoctubre>
Ciudades de Octubre es un grupo asociativo de estudiantes, arquitectos y académicos chilenos compuesto por Francisco Cardemil, Consuelo Contreras, Felipe Pizarro, Francisca Quezada, Nicolás Navarrete y Alejandra Celedón. Este grupo se formó con la intención de hacer algunas investigaciones existentes más accesibles al público ajeno a la academia. Para este artículo se contó además con la colaboración de Vicente Astudillo, Álvaro Pavez y Colomba Pino.